Política y crimen organizado en América Latina

Por Miguel Ángel Martínez

La vinculación entre política y crimen organizado no cesa de crecer en América Latina. La fragilidad de las instituciones y organismos estatales, los grandes márgenes de ganancia que genera la economía criminal y las ambiciones políticas se combinan para generar un cóctel explosivo.

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El reciente asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador, vuelve a centrar la atención en torno a uno de los problemas más graves que enfrenta América Latina, como es el de la creciente vinculación entre crimen organizado y política. Se trata de un fenómeno complejo, en continua evolución. Nuestros gobiernos no solo están demostrando que no cuentan con una oportuna y eficaz capacidad de respuesta. Peor aún, parecen estar convirtiéndose cada vez más en parte del problema y no de la solución.

El formidable repunte de la violencia en el Ecuador; la penetración del narco a todo lo largo de la estructura del Estado mexicano; el incremento sostenido de los cultivos de coca y marihuana en países como Colombia, Perú o Bolivia; o el involucramiento de los militares en el negocio del narcotráfico en Venezuela son algunas de las dinámicas que demuestran que este problema, lejos de estar en vías de resolución, se encuentra más bien en franca expansión. A continuación, algunos comentarios con los que se busca apenas ofrecer al lector un marco de interpretación muy general.

Auge del crimen organizado

Comencemos por señalar que el crimen organizado es, en esencia, un negocio: su finalidad primordial es obtener una ganancia económica. La diferencia que presenta dicho negocio es que consiste en lucrarse mediante actividades ilícitas, expresamente prohibidas por el ordenamiento jurídico del Estado. Dicha prohibición conlleva una drástica restricción de la oferta. Esto, a su vez, incrementa el valor de la mercancía demandada en el plano de la economía criminal. Se configura así un mercado ilegal que acarrea altos riesgos para los emprendedores que decidan incursionar en él, pero también unas ganancias potencialmente muy elevadas.

Con la apertura mundial de fronteras económicas al final de la Guerra Fría se incrementaron también las posibilidades de negocio de la economía criminal. Problemas antaño nacionales devinieron así en amenaza transnacional, destacando en América Latina el rubro del narcotráfico. La región ofrece grandes ventajas competitivas y comparativas para el desarrollo de este negocio. Ya no solo presenta condiciones inmejorables para el cultivo de la hoja de coca, la amapola y el cannabis. También está conformada por Estados de insuficiente capacidad para controlar sus territorios. Asimismo, los altos niveles de pobreza y desigualdad hacen muy atractiva, para muchos, la opción de incursionar en la economía criminal.

Ahora bien, a diferencia de otros delitos, el narcotráfico suele requerir el control de extensos territorios. En tanto las drogas tradicionales provienen de cierto tipo de cultivos, el narco necesita garantizarse no solo el dominio de zonas bastante amplias, sino también la aquiescencia —cuando no la activa cooperación— de una buena parte de los pobladores de dichos territorios. Esta circunstancia, lógicamente, incrementa el desafío que las organizaciones criminales representan para los Estados, entidades que por definición se abrogan el monopolio del control territorial.

Interacción con el Estado

La bibliografía especializada suele referirse a las fases depredadora, parasitaria y simbiótica del crimen organizado. En su fase depredadora, los delincuentes toman ventaja de las fallas y vacíos que presentan las instituciones estatales mientras se mantienen en lucha frontal con ellas. En una etapa parasitaria, las organizaciones criminales logran estabilizar sus actividades delictivas sin que el Estado sea capaz de suprimirlas. Y, en una fase simbiótica, el crimen organizado coexiste con las autoridades. Incorpora de algún modo a miembros en su estructura de negocios logrando incluso de las autoridades una cesión tácita y parcial de soberanía.

La fase simbiótica ha dado pie a la irrupción de lo que varios especialistas llaman gobernanzas criminales. En esta situación, autoridades estatales y organizaciones criminales actúan de común acuerdo para controlar un territorio y gobernar a la población que lo habita. A esta situación puede llegarse, bien porque el crimen organizado es capaz de corromper y cooptar a determinados funcionarios del Estado, bien porque este no es capaz de controlar a los grupos delictivos y pacta algún tipo de tregua con ellos, o bien porque la entidad gubernamental asume que la cooperación con las organizaciones criminales puede servir de algún modo a su proyecto político.

Control territorial

En los dos primeros casos, la debilidad del Estado y sus administradores hace posible la simbiosis entre crimen organizado y autoridad estatal. En la tercera modalidad, dicho resultado sería consecuencia de una voluntad consciente y deliberada de las autoridades. Su motivación excedería lo meramente crematístico para recaer en el ejercicio más descarnado del poder. Así, en tales casos, los delincuentes verían abierta la posibilidad de ejercer un notable control territorial, a cambio no solo de compartir sus ganancias, sino sobre todo de ejercer un control de la población a través de métodos violentos y ajenos a la ley —métodos que el gobierno de turno no podría permitirse sin tener que asumir un extraordinario costo político—.

¿La política al servicio del crimen?

Todas las situaciones anteriormente descritas tienen lugar hoy en día en América Latina. No siempre es posible definir con precisión, en cada ocasión, en qué estadio se encuentran las relaciones entre el crimen organizado y las autoridades estatales. En todo caso, en virtud de las características del negocio que encarna, el narcotráfico parece fungir como un verdadero eje regional para la acción del crimen organizado y su progresiva simbiosis con los organismos públicos. Particularmente, los grandes carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han extendido ya sus tentáculos al norte de Sudamérica. Allí, organizaciones como el Comando Vermelho y el Primerio Comando da Capital, en Brasil, o el Tren de Aragua, en el arco andino, ponen también en jaque a los gobiernos.

Por otro lado, políticas como la creación de zonas de paz en Venezuela, o la de abrazos y no balazos en México, han obtenido resultados contrarios a los inicialmente planteados a viva voz por sus autores, pues dieron lugar a notables incrementos en las tasas de homicidios, sin contrarrestar la progresión de los delitos. Por el contrario, generan serias interrogantes con respecto a sus intenciones de fondo. Igualmente, las dudas en torno a la autoría intelectual del asesinato de Villavicencio en Ecuador, que alcanzan a altos cargos políticos en dicho país y en Colombia, obligan a preguntarse si detrás de ciertas dinámicas no se está consolidando en la región el uso del crimen por la política, y no solo la mera corrupción de la política por los criminales.

Fuente Dialogo Político.