El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para evaluar la situación y poner a prueba el compromiso de la comunidad internacional, ya que se acerca la renovación del mandato de la Oficina Integrada de la ONU en Haití. Durante este tiempo, la situación ha seguido empeorando para el pueblo haitiano, que se encuentra en una pesadilla continua, según el jefe de la ONU, Antonio Guterres. Él está frustrado por la inacción del Consejo y su incapacidad para decidir el envío de una fuerza de seguridad internacional para ayudar a la policía haitiana a combatir a las bandas criminales.
La situación insostenible ha llevado a un nuevo desarrollo preocupante: los haitianos están tomando la justicia por sus propias manos y enfrentándose a las bandas, resultando en la muerte de más de 250 pandilleros en los últimos dos meses. Además, la aparición de grupos autoproclamados de vigilancia parapolicial ha añadido más complejidad a la situación. La representante de la ONU en Haití informó al Consejo de Seguridad que desde abril, al menos 264 presuntos miembros de bandas han sido asesinados por estos grupos autoproclamados.
Desde octubre, Puerto Príncipe ha solicitado a la comunidad internacional el despliegue de 1,000 hombres y 100 vehículos blindados, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Ningún país parece estar dispuesto a involucrarse profundamente en Haití. Sin embargo, la ONU reconoce que la crisis no podrá resolverse hasta que la seguridad del país se estabilice, y teme que la situación de ajuste de cuentas pueda derivar en una guerra civil.
«Una fuerza de seguridad robusta»
El Secretario General de la ONU insiste en que no están solicitando una misión militar o política de la ONU, sino una fuerza de seguridad sólida desplegada por los Estados miembros para trabajar en colaboración con la policía haitiana y desmantelar las bandas para restaurar la seguridad en todo el país.
Horas después de esta declaración, Antony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, informó a los países del Caricom y al primer ministro haitiano Ariel Henry que Washington estaba activamente comprometido en la creación de una fuerza policial internacional. Esta puede ser la señal pública esperada durante mucho tiempo.
El 7 de julio de 2021 marcó el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse.
Hace exactamente dos años, un grupo de alrededor de veinte hombres ingresó a su residencia y lo mató a tiros, hiriendo también a su esposa. Desde entonces, el país se ha sumido en una espiral de violencia de la que le resulta difícil recuperarse, mientras el crimen sigue impune en Haití.
El asesinato ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del miércoles 7 de julio de 2021, cuando el comando entró sin encontrar resistencia en la habitación del presidente. La mayoría de los hombres involucrados eran de nacionalidad colombiana y se descubrió que habían planeado el complot desde Florida, Estados Unidos.
Aproximadamente una docena de ellos están detenidos en espera de juicio en Estados Unidos. Uno de ellos, Rodolphe Jaar, fue condenado en junio pasado a cadena perpetua por su participación en la logística del asesinato. Sin embargo, en Haití, la investigación de este caso complejo con implicaciones transnacionales se ha estancado. Los obstáculos políticos, la falta de recursos y la falta de conocimientos técnicos han llevado al nombramiento de al menos cinco jueces de instrucción sucesivos, sin que la investigación haya progresado satisfactoriamente.
Esto deja sin respuesta preguntas esenciales, especialmente sobre los motivos y las responsabilidades locales en el asesinato de Jovenel Moïse. Lo preocupante es que ninguna persona de su equipo de seguridad acudió en su ayuda la noche de su muerte.
Desde entonces, Haití ha experimentado un vacío institucional, sin presidente y con un gobierno cuya legitimidad se cuestiona. Esto ha permitido la impunidad y el control de bandas en la mayor parte del país.
Original de RFI
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