La Corte Penal Internacional ha recibido alegaciones de aproximadamente 9.000 personas que se consideran «víctimas» de la dictadura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

Según informó el abogado Juan Carlos Gutiérrez, quien representa a 562 de ellas. En una conferencia de prensa en Madrid, Gutiérrez mencionó la investigación ordenada por la Fiscalía de la CPI sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el «régimen» venezolano, a la que las autoridades venezolanas se oponen.

El abogado argumentó que el Estado venezolano ha actuado de manera maliciosa para retrasar el proceso mediante solicitudes improcedentes y afirmando que la justicia del país es competente para investigar los casos denunciados. Sin embargo, la Fiscalía considera que tiene la competencia, ya que tanto el Código Penal como el sistema judicial venezolano carecen de seguridad y credibilidad para proteger a las víctimas.

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El Gobierno venezolano ha solicitado la suspensión de la investigación, por lo que los jueces de la sala de cuestiones preliminares deberán decidir si la investigación continúa. A petición de los jueces, se llevó a cabo una consulta en la que se presentaron 1.875 formularios identificando a 8.900 personas, incluyendo 630 familias, que se consideran víctimas.

El abogado comentó que toda la argumentación y pruebas están en manos de los jueces de la CPI, y se espera que tomen una determinación durante el transcurso de este año. Ya sea que ordenen que la Fiscalía continúe la investigación o que la sala de cuestiones preliminares decida que el sistema de justicia venezolano tenga una oportunidad de cumplir con su deber, algo que Gutiérrez cuestionó.

El opositor Leopoldo López, exiliado en España, enfatizó la importancia de escuchar las voces de cientos de víctimas que se encuentran fuera de Venezuela y señaló los casos de persecución de presos políticos, tortura y asesinato cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro. Según López, no se puede obtener justicia en Venezuela, ya que todos los procedimientos están manipulados políticamente y la estructura judicial está cooptada por la dictadura.

Sin embargo, según el abogado venezolano Gutiérrez, la Fiscalía de la CPI cree que tiene la competencia, ya que argumentó que tanto el Código Penal como el sistema judicial venezolano carecen de seguridad y credibilidad para proteger a las víctimas, sino todo lo contrario. El Gobierno ha solicitado la suspensión de la investigación, por lo que los jueces de la sala de cuestiones preliminares deberán decidir si la investigación continúa. A solicitud de los jueces, se llevó a cabo una consulta en la que se presentaron 1.875 formularios identificando a 8.900 personas, incluyendo 630 familias.

El abogado comentó que toda la argumentación y carga probatoria está en manos de los jueces de la CPI, y se espera que tomen una determinación en algún momento durante este año. Pueden ordenar que la Fiscalía continúe la investigación o que la sala de cuestiones preliminares decida que el sistema de justicia venezolano tenga una oportunidad de cumplir con su deber, algo que Gutiérrez cuestionó rotundamente.

Leopoldo López, opositor exiliado en España, afirmó que cientos de víctimas se encuentran allí y destacó la importancia de escuchar esas voces, ya que a menudo se piensa que la situación en Venezuela se ha solucionado. Estos casos involucran persecución de presos políticos, tortura y asesinato por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. López enfatizó que la justicia no se puede obtener en Venezuela, ya que es imposible que haya cualquier tipo de procedimiento que no esté políticamente manipulado, tanto por parte de la Fiscalía como de los tribunales en todos los niveles. Además, subrayó que toda la estructura judicial está cooptada por la dictadura, al igual que los órganos represivos.

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