Existen diferencias significativas entre las disoluciones parlamentarias llevadas a cabo por Guillermo Lasso en Ecuador y Pedro Castillo en Perú.

En Ecuador, la Asamblea Nacional fue disuelta respetando lo establecido en la Constitución del país, mientras que, en Perú, el expresidente Castillo intentó dar un golpe de Estado sin respetar la Carta Magna local.

En menos de seis meses, América Latina ha presenciado dos cierres de Congreso, pero los procesos difieren en gran medida. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, se mantiene en el poder después de tomar esta medida, mientras que Pedro Castillo, expresidente peruano, fue detenido por las autoridades pocas horas después de anunciar la disolución del Parlamento y el inicio de un gobierno de excepción en su Mensaje a la Nación.

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Lasso invocó el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, que faculta al presidente a disolver la Asamblea Nacional en caso de que esta haya asumido funciones que no le corresponden constitucionalmente, obstruya la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o en situaciones de grave crisis política y conmoción interna. Este proceso, conocido como «muerte cruzada», también está disponible para el Congreso. Aunque Castillo denunció obstrucción por parte del Congreso, la Constitución Política del Perú no contempla esta como una causa válida para la disolución.

En el caso peruano, la Carta Magna establece que es necesario que el Congreso haya censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. Solo en esta situación el presidente tiene la facultad de disolver el Parlamento y convocar de inmediato a elecciones para que un nuevo grupo de legisladores complete el mandato por el cual fueron elegidos sus predecesores. Estas elecciones deben llevarse a cabo dentro de los cuatro meses siguientes.

Durante su discurso televisado, Pedro Castillo declaró: «En respuesta a las demandas ciudadanas en todo el país, hemos tomado la decisión de establecer un gobierno de excepción con el objetivo de restaurar el Estado de derecho y la democracia». Dado que no se produjo la negación de confianza a ninguno de sus Consejos de Ministros, la decisión del expresidente, quien actualmente se encuentra encarcelado, ha sido calificada como inconstitucional.

Apoyo de las Fuerzas Armadas

Tras el quiebre constitucional de Castillo, la población peruana esperaba la respuesta de las fuerzas del orden, cuya posición determinaría si se llevaría a cabo un golpe de Estado o si se procedería a una sucesión presidencial. Finalmente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas manifestó su respeto a lo estipulado por la Constitución y expresó su respaldo al gobierno de la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte. Durante su juramentación el 7 de diciembre de 2022, representantes de las Fuerzas Armadas estuvieron presentes en el Congreso. Boluarte reconoció a esta institución como un pilar fundamental para la democracia y los felicitó por su actuación en las horas previas. «Los policías y militares son, como lo establecen nuestras constituciones fundacionales, ciudadanos con el uniforme de la patria», afirmó.

En Ecuador, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional comunicaron que mantendrán su posición de respeto absoluto a la Constitución y las leyes, así como su compromiso de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos dentro del marco del Estado de Derecho.

Por lo tanto, respaldaron la posición de la Asamblea Nacional de someter a juicio político a Guillermo Lasso y la decisión de este último de aplicar la llamada «muerte cruzada». Hasta la fecha de esta nota, el presidente Lasso continúa en el cargo en Ecuador y se mantendrá en funciones hasta que los ciudadanos elijan a un nuevo mandatario y miembros de la Asamblea Nacional.

 En Perú, el expresidente Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo junto a los exmandatarios Alejandro Toledo y Alberto Fujimori, este último a quien Castillo criticó durante su campaña y quien también protagonizó un golpe de Estado en abril de 1992.