Salud pública y los derechos humanos están estrechamente relacionados: ONUSIDA insta a nivel global a despenalizar la homosexualidad.

En todo el mundo, todavía existen 67 países que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, siendo que 10 de ellos incluso imponen la pena de muerte.

La agencia de la ONU ha denunciado una nueva y bien financiada campaña internacional en contra de las personas LGBTQI+. La criminalización y discriminación de estas personas, así como la violencia generalizada hacia ellas, obstaculizan su acceso a servicios de salud vitales. Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, celebrado el 17 de mayo, ONUSIDA hizo un llamado a todos los países del mundo para despenalizar la homosexualidad, una medida que salvará vidas.

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El organismo hace este llamado en un momento en el que aún existen 67 naciones que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, 10 de las cuales imponen la pena de muerte, y 20 criminalizan la diversidad de género.

 ONUSIDA sostiene que la aplicación de estas leyes «daña la salud pública y cobra vidas», según lo afirmado por Christine Stegling, Directora Ejecutiva Adjunta de Políticas, Promoción y Conocimiento. «La despenalización salvará vidas y es un paso crucial hacia la igualdad, la dignidad y la salud para todos», destacó.

Marginalización del colectivo LGBTQI+

A pesar de formar parte de todas las sociedades, las personas LGBTQI+ continúan sufriendo algún tipo de discriminación, ya sea legal, social, cultural o una combinación de todas ellas. La criminalización, la discriminación y la violencia generalizada impiden que estas personas accedan a servicios vitales.

 Esta circunstancia también se está extendiendo a los profesionales de la salud que brindan atención a los miembros de la comunidad LGBTQI+.

Compromiso en la Asamblea General

 ONUSIDA señala que en los países donde se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, la prevalencia del VIH es cinco veces mayor entre hombres homosexuales y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, en comparación con aquellos países donde estas prácticas no están criminalizadas. Esta cifra se multiplica por 12 en los países donde recientemente ha habido juicios al respecto.

 Conscientes del impacto perjudicial de este tipo de legislaciones en la respuesta al VIH, los estados miembros de la ONU se comprometieron en la Asamblea General a establecer objetivos ambiciosos en la Declaración Política sobre el VIH de 2021 para derogar las leyes penales que socavan la respuesta al VIH y dejan atrás a las poblaciones más vulnerables.

Reconociendo la despenalización como un elemento crítico en la respuesta al VIH, los países se comprometieron a que el número de países con entornos legales y punitivos que afectan a la respuesta del VIH fuera inferior al 10% para el año 2025.

 Oleada de avances

En ese sentido, el año pasado Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Barbados y las Islas Cook derogaron antiguas leyes coloniales que criminalizaban las relaciones entre personas del mismo. El tribunal de Kuwait revocó una ley que consideraba como delito «imitar al sexo opuesto».

 Brasil se encuentra entre los países que están impulsando el progreso en la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTQI+. Los ministros de Salud y de Derechos Humanos anunciarán que el país se unirá a la Alianza Mundial para la Acción para Eliminar Todas las Formas de Estigma y Discriminación relacionadas con el VIH durante un evento que se llevará a cabo el 17 de mayo.

A pesar de estos avances, ONUSIDA ha denunciado una nueva campaña internacional, bien financiada y organizada, que busca crear prejuicios e impulsar nuevas leyes discriminatorias y perjudiciales contra la homosexualidad y las personas transexuales.

 Si estas leyes se aprobaran, tendrían consecuencias extremadamente perjudiciales para la salud pública, ya que impedirían que las personas LGBTQI+ accedieran a servicios sanitarios y obstaculizarían la provisión de servicios vitales por parte del personal médico, incluyendo los servicios de prevención y tratamiento del VIH. Detener esta ofensiva perjudicial es crucial para la salud pública.

Fuente UN News