Por: Ryan Berg and Leland Lazarus
Los analistas latinoamericanos y caribeños a menudo critican la administración de Biden y a los líderes anteriores por carecer de una estrategia global de comercio e inversión para la región. Los congresistas republicanos Maria Elvira Salazar, de Miami, y Bill Cassidy propusieron su propia estrategia comercial para competir con China.
Pero todo el alboroto en torno a una gran estrategia oculta el hecho de que acertar en los pequeños detalles es igual de importante. Estados Unidos puede hacer pequeños ajustes de política comercial ahora mismo que pueden tanto impulsar el desarrollo de la región como preservar la ventaja estadounidense a lo largo de lo que el presidente llamó esta “década decisiva”.
Una de las razones por las que algunos países de América Latina y el Caribe encuentran tan atractivo hacer negocios con China es la enorme velocidad con la que las empresas estatales y privadas chinas hacen tratos, legales o no. Estados Unidos podría competir ofreciendo nuevos acuerdos de libre comercio, pero, por desgracia, esta idea se convirtió en tabú a ambos lados del pasillo político, dejando a los responsables políticos con la pregunta ‘Si los acuerdos de libre comercio (FTA) están fuera de la mesa, ¿qué más podemos aportar?’.
Actualmente, la respuesta de la administración Biden es la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP), acordada durante la Cumbre de las Américas celebrada el año pasado en Los Ángeles. APEP puede proporcionar un marco útil para que los 11 miembros actuales se reúnan en torno a cuestiones que los gobiernos regionales necesitan resolver ahora mismo, como la mejora del comercio digital, la seguridad de las cadenas de suministro, el establecimiento de normas aduaneras y la generación de empleo en el sector de las energías limpias, pero APEP recibió una tibia acogida por parte de los líderes regionales, especialmente Ecuador, que acaba de concluir un FTA con China, y Uruguay, que está negociando actualmente un FTA con China; sin embargo, es la herramienta políticamente más viable de la que se dispone actualmente y debe aprovecharse al máximo.
La minería y los minerales críticos son prioridades de primer orden para Estados Unidos y varios países del hemisferio. Una victoria inmediata para Washington sería que el Senado ratificara el tratado fiscal bilateral entre Estados Unidos y Chile, que permitiría a las empresas mineras estadounidenses competir en igualdad de condiciones con las empresas estatales chinas en un país con uno de los sectores mineros más desarrollados de la región.
Además, la administración de Biden debería considerar la posibilidad de incorporar a Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Perú a la actual Asociación para la Seguridad Minera (MSP, por sus siglas en inglés). La no inclusión de América Latina en la MSP original fue un gran descuido, dados sus ricos yacimientos minerales. Al adherirse, estos países se comprometerán a garantizar que todas las empresas que operen en sus territorios extraigan, procesen y reciclen minerales críticos, manteniendo al mismo tiempo elevadas normas de gobernanza medioambiental y social. Estos requisitos se aplicarían a todas las empresas mineras, tanto las occidentales, como Albemarle y Lithium Americas, como las chinas, como Ganfeng y Tianqi.
La Administración también podría estudiar la posibilidad de modificar la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) para permitir que los minerales críticos extraídos para baterías de autos eléctricos procedentes de determinados países no pertenecientes a FTA, como Argentina, reciban créditos fiscales. Actualmente, solo las empresas que han extraído minerales críticos en países de FTA pueden optar a la desgravación fiscal. Esto podría disuadir a las empresas del sector privado de Estados Unidos y de sus socios de extraer en dos de los tres países del Triángulo del Litio: Argentina y Bolivia. Chile es el único país del Triángulo del Litio que tiene un FTA con Estados Unidos.
Además, Estados Unidos puede ampliar el proyecto de mapeo de la cadena de suministro de semiconductores anunciado en la Cumbre de Líderes de América del Norte para ir más allá de México, Canadá y Estados Unidos y examinar otros países de la región con potencial para crear más resistencia en este sector. La planta de ensamblaje de Costa Rica, ya existente, y los avances de Brasil en materia de investigación y desarrollo apuntan a la posibilidad de una visión hemisférica de la fabricación de semiconductores.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos, en coordinación con las embajadas regionales, debería aumentar las misiones comerciales para llevar a actores relevantes del sector privado estadounidense a la región con el fin de identificar oportunidades y animar a más empresas a presentar ofertas, especialmente en proyectos de infraestructuras en los que Estados Unidos está perdiendo mucho terreno frente a las empresas chinas. En septiembre de 2021, una delegación estadounidense encabezada por Daleep Singh, asesor adjunto de seguridad nacional para economía internacional, visitó Panamá, Colombia y Ecuador para explorar tales oportunidades de inversión, pero ha habido poco seguimiento. El Departamento de Comercio podría reactivar estos viajes este año, especialmente centrándose en países que compartan nuestros valores de “friend-shoring”.
Muchas de estas recomendaciones no requieren la aprobación del Congreso, grupos de trabajo difíciles de manejar o un grupo de trabajo lleno de genios. En esta competencia estratégica en todo el mundo —pero especialmente en el hemisferio occidental—, a veces las pequeñas cosas pueden dar grandes resultados. Mientras Washington sigue debatiendo en torno a una gran estrategia comercial, avancemos en esas pequeñas cosas que pueden aportar beneficios tangibles a los latinoamericanos y caribeños, aquí y ahora.
Extradio de New Herald
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