Por qué Putin no será juzgado por la invasión de Ucrania

Por: Victor Gratacos

Ucrania quiere que los responsables de la invasión rusa rindan cuentas ante un tribunal especial. Moscú se resiste a cualquier juicio y los precedentes de Ruanda o Yugoslavia son difíciles de replicar, pero la impunidad daría a entender que la guerra puede volver a resolver disputas entre Estados.La guerra entre Rusia y Ucrania es el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La “operación militar especial” de Rusia pasó de pretender ejecutarse en dos días a poner el orden legal internacional post-1945 en entredicho. Por ello gran parte de la comunidad internacional ha apoyado a Ucrania en su objetivo de exigir responsabilidades al Kremlin, incluyendo la creación de un tribunal especial para juzgar a los responsables de la invasión rusa.

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El Gobierno de Volodímir Zelenski ha obtenido el apoyo del Consejo de Europa, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN o la Comisión Europea para esta idea. Líderes como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, respaldan la creación de esta corte “para investigar y enjuiciar el crimen de agresión de Rusia”. El crimen de agresión viola principios del derecho internacional como la prohibición del uso de la fuerza y el arreglo pacífico de controversias. De ser condenados, los dirigentes políticos y militares de Rusia serían equiparados a los líderes de la Alemania nazi y el Imperio japonés. Ucrania explora todas las vías legales para lograrlo, pero no será fácil.

El frente judicial de la guerra en Ucrania 

Ucrania lleva enfrentada judicialmente a Rusia desde la guerra del Donbás y la anexión de Crimea en 2014. Ha acudido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para denunciar crímenes en los territorios de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Desde la invasión rusa en febrero de 2022, Kiev ha denunciado la violación de la Convención sobre el genocidio ante la CIJ y la violación de derechos humanos por parte del ejército ruso ante el TEDH.

Aunque Ucrania no ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), aceptó su jurisdicción en 2015 para investigar crímenes cometidos por militares rusos en suelo ucraniano. Rusia, por su parte, ha afirmado que la CIJ “no cuenta con su consentimiento” y que no está obligada a colaborar con las investigaciones de la CPI. Por tanto, la labor hasta ahora ha recaído sobre los tribunales ucranianos. Se han determinado más de 65.000 casos relacionados con crímenes de guerra y ha habido sentencias contra individuos, pero la veintena de condenas han sido sobre todo contra militares de bajo rango.

Zelenski desea que las autoridades rusas responsables de la invasión rindan cuentas ante la justicia. La CPI tiene competencias para investigar el crimen de agresión, pero no tiene jurisdicción para abrir un caso contra la cúpula del Kremlin, incluido Vladímir Putin, ya que Rusia no está adherida al tribunal. El Consejo de Seguridad de la ONU podría remitir el caso, pero Moscú, miembro permanente, usaría su derecho de veto. Ucrania apuesta entonces por crear un tribunal especial, una idea ambiciosa y discutida por la forma, los obstáculos legales y los problemas de financiación o parcialidad que puede generar.

Ruanda, Yugoslavia… Los precedentes son difíciles de replicar

El crimen de agresión es una violación del derecho internacional. Solo se le puede atribuir a líderes de Estados que atacan militarmente a otros. Se considera especialmente grave ya que otros delitos, como los crímenes de guerra o de lesa humanidad, derivan del inicio de las hostilidades. Fue creado durante los históricos juicios de Núremberg y Tokio contra líderes nazis y japoneses por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y nadie ha sido procesado por agresión desde entonces.

Polonia, las repúblicas bálticas, Francia o los Países Bajos han expresado su apoyo a la creación de un tribunal especial para juzgar a los responsables de la invasión. El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución apoyando la constitución del tribunal, que podría crearse mediante un tratado entre Estados o un acuerdo entre Ucrania y una organización internacional. Kiev parece decantarse por la segunda opción, que la Comisión Europea apoya bajo el marco de Naciones Unidas. Con el bloqueo del Consejo de Seguridad, la propuesta pasaría por el voto de la Asamblea General para constituir un tribunal especial con jueces ucranianos y de otros países, basado en el derecho ucraniano y con apoyo de la ONU.

Existen precedentes de tribunales especiales creados bajo el auspicio de Naciones Unidas, pero es difícil replicarlos. El Consejo de Seguridad autorizó en los años noventa la creación de los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda o la antigua Yugoslavia con el fin de juzgar a los responsables del genocidio ruandés y las violaciones del derecho internacional humanitario durante la guerra de los Balcanes, respectivamente. El veto de Rusia en el Consejo descarta este mecanismo para el caso de Ucrania.

El tribunal especial de Camboya, establecido en 1997 para enjuiciar a los responsables del genocidio interno, o el de Sierra Leona, creado en 2002 para juzgar los crimenes de la guerra civil, iban dirigidos contra nacionales del propio país. Ucrania, en cambio, busca juzgar a ciudadanos rusos. En los Balcanes, la caída del Gobierno de Slobodan Milošević fue crucial para extraditar a los acusados rumbo al Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, con sede en La Haya. Para Ucrania, recopilar pruebas o arrestar a cualquier acusado en territorio ruso es prácticamente imposible sin un cambio de régimen en Moscú.

¿Un tribunal destinado al fracaso?

Organizar un tribunal de este calibre también requiere tiempo y fondos. El Tribunal Especial para Líbano, que busca enjuiciar a los responsables del asesinato del primer ministro Rafic Hariri en 2005, ha contado con más de 970 millones de dólares y ha sido criticado por su falta de impacto. Este tribunal ha sentenciado a los principales acusados “en rebeldía” —es decir, en su ausencia—, lo que genera controversias sobre los derechos de los acusados y pone en duda el sentido del tribunal si las sentencias no pueden ejecutarse.

Por tanto, el principal problema práctico del “Tribunal Especial para Ucrania” será obtener la custodia de los acusados, empezando por Putin. La cúpula política y militar de Rusia goza de inmunidad ante tribunales extranjeros. Según esta costumbre del derecho internacional, no pueden ser juzgados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por tribunales de otro país. Esta inviolabilidad se debate ya que aplica incluso en casos de crímenes graves contra el derecho internacional. Kiev podría ejercer su derecho de legítima defensa para sortearla, pero este tribunal podría verse deslegitimado si se asemeja más a un instrumento ucraniano que internacional de respuesta a la agresión rusa.

Algunos expertos son escépticos sobre la formación de este tribunal por esas posibles acusaciones de parcialidad o justicia selectiva. Además, puede crear un precedente que incite a otros países a reclamar, por ejemplo, un tribunal contra Estados Unidos por la invasión a Irak de 2003. No obstante, la impunidad de la invasión rusa daría a entender que la guerra volvería a ser útil para resolver controversias entre Estados. Así, responsabilizar a las autoridades rusas de la invasión no solo es crucial para Ucrania, sino también para garantizar un orden internacional estable y disuadir a otros países de seguir los pasos de Rusia.

Original del Orden Mundial