Por: Salvador Santino
El Sureste Asiático parece caminar hacia la autocracia. En muchos casos, la ausencia de apoyo estadounidense se ha suplido con el patrocinio chino. Aunque el historial de Washington en la región dista mucho de ser coherente, el descarado fomento de la autocracia por parte de China representa una amenaza fundamental para el deterioro de las instituciones democráticas y del derecho internacional.
En paralelo al declive global de la democratización, la expansión del autoritarismo y el deterioro de los derechos humanos en el Sureste Asiático continúan a un ritmo acelerado. La región parece estar camino de la autocracia, con países que deshacen sus avances en materia democrática.
Indonesia –la mayor democracia electoral de la región– ha sido testigo del deterioro de las libertades civiles, la ampliación de la presencia militar en la política civil y el aumento de la influencia de las dinastías políticas. Tanto Laos como Vietnam siguen bajo sus propias formas de dictadura leninista, mientras que Singapur lleva mucho tiempo bajo un régimen autoritario de partido único en el que la oposición política está de facto limitada. Brunéi sigue siendo una monarquía absoluta con graves problemas respecto a la dureza de su sistema judicial. Camboya ha sido una monarquía constitucional bajo el gobierno personalista de Hun Sen durante casi cuatro décadas.
Solo hay dos países en la región que poseen una historia relativamente más larga de gobierno democrático electoral: Tailandia y Filipinas.
Desde 2010, Tailandia y Filipinas –dos de las mayores democracias constitucionales de la región tras la guerra fría– han mostrado un viraje notable hacia la autocracia. Ambos países son economías emergentes y de renta media con una alianza de larga duración con Estados Unidos. Si Tailandia y Filipinas son las únicas democracias nominales del Sureste Asiático y aliadas de EEUU, ¿cómo se puede frenar el cambio regional hacia la autocracia?
Tras la caída del gobierno del primer ministro Thaksin Shinawatra, Tailandia se ha visto acosada por juntas militares y crisis políticas. El militarista Consejo Nacional para la Paz y el Orden ha sido acusado de abusos generalizados contra los derechos humanos. Desde el golpe de Estado de 2014, China se ha convertido en un patrocinador clave de la defensa militar y del apoyo político al Estado tailandés, a pesar de los compromisos de seguridad de Bangkok con Washington.
Las élites tailandesas han acogido con agrado el patrocinio de China, que surgió en un esfuerzo por suplir la ausencia de apoyo de EEUU, que se ha agotado a medida que el país tiende hacia la autocracia militarista. Pekín ha sacado provecho de sus cada vez más activas relaciones económicas comerciales con Bangkok, formando lo que ahora el Consejo de Estado chino denomina «asociación estratégica global de cooperación». Tailandia ha respondido situándose directamente en la esfera de influencia de China.
En Filipinas, el orden constitucional posterior a 1986 –el sistema democrático constitucional liberal que surgió tras la caída de la brutal dictadura de Ferdinand Marcos– se deterioró drásticamente cuando Rodrigo Duterte asumió la presidencia en 2016. La “guerra contra las drogas”, el persistente etiquetado rojo, el cierre forzado del mayor conglomerado mediático de la nación y el acoso sistemático a los líderes de la oposición política demuestran cómo el Estado abandonó su compromiso con los derechos humanos.
En las elecciones nacionales de 2022, Ferdinand Marcos hijo y la hija del anterior presidente autoritario, Sara Duterte, registraron una victoria aplastante sin precedentes en medio de una desinformación generalizada, irregularidades electorales, supresión de la disidencia política pacífica y asesinatos por motivos políticos.
EEUU ha sido un apoyo clave para las élites políticas, económicas y militares nacionales de Tailandia y Filipinas, especialmente durante los años de la guerra fría y hasta la guerra contra el terrorismo. Aunque a China le interesa estratégicamente asegurarse de que las élites políticas de dos de los aliados permanentes de EEUU sean favorables a los intereses económicos y geoestratégicos de Pekín, lo más probable es que eso ocurra bajo un Estado autocrático que esté protegido de cualquier forma de disidencia.
Aunque el historial de EEUU en la región dista mucho de ser coherente, el descarado fomento de la autocracia por parte de China en el Sureste Asiático representa una amenaza fundamental no solo para un mayor deterioro de las instituciones democráticas, sino también para la integridad del derecho internacional. La demanda de Pekín de una estabilidad autocrática en los países asiáticos socava la aparición de movimientos sociales progresistas, los controles y equilibrios entre los distintos poderes del Estado y la rendición de cuentas de los agentes estatales que cometen abusos.
Si hay alguna esperanza de detener la propagación de la autocracia en el Sureste Asiático, al menos desde la perspectiva del los altos cargos en materia de política exterior de EEUU, esta pasa por proporcionar apoyo político y recursos materiales a los actores estatales y no estatales que estén comprometidos con los procesos electorales competitivos, la gobernanza democrática y los derechos humanos.
Entre estos actores se encuentran los grupos progresistas de la sociedad civil y el periodismo y los medios de comunicación independientes que pueden contrarrestar la desinformación generalizada perpetrada por las élites autocráticas. También hay que apoyar a las élites militares y estatales comprometidas con el restablecimiento del control civil democrático y a los políticos de la oposición que han sido coherentes en la defensa de los intereses de aquellos que están en los márgenes.
Fuente: Politica Exterior.
