¿Para qué sirven las sanciones?

Por: Benigno Alarcon

La llamada «carta de los 25» en la que, entre otras cosas, se exige la eliminación de sanciones contra Venezuela, ha reavivado el debate entre opositores sobre los resultados y efectos de las sanciones, como parte de una polémica que se inserta en la discusión sobre la estrategia que tanto la oposición como la comunidad internacional deben adoptar frente al control hegemónico del poder y la necesidad de prepararse para las elecciones presidenciales de 2024. ¿Cuál es la lógica detrás de las sanciones? ¿Han logrado las sanciones el resultado esperado? ¿Tiene sentido mantener las sanciones?

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Mientras la oposición democrática parece permanecer paralizada en el interminable debate sobre quién y cómo elegir quién la encabezará en las elecciones de 2024, la élite que controla el poder, encabezada por Maduro, sigue avanzando magistralmente, como hemos dicho. advirtió con motivo de las elecciones parlamentarias de 2019, en su estrategia: «divide et impera» que, dada la miopía de algunos actores políticos y de la sociedad civil que no se sienten piezas del tablero nacional, controlados por el gobierno, sino sus posiciones son «independientes», «racionales» y «por encima» de los intereses egoístas de los factores opuestos, terminan jugando (a veces ingenuamente y de buena fe, y a veces en interés propio) a favor del gobierno, confundiendo sus preferencias e intereses con los del país.

Prueba de ello ha sido la «carta de los 25» dirigida recientemente al presidente Biden, en la que algunos de sus firmantes, lo sabemos, son personas serias y respetables, a las que me enorgullece conocer personalmente, pero que por motivos difíciles de comprender han se sumó a la estrategia gubernamental de generar un coro de voces, distintas a las del gobierno, para exigir el fin de las sanciones “contra Venezuela”, olvidando que las sanciones no son “contra Venezuela”, sino contra el gobierno de Maduro, a quien la mayoría del país y la comunidad internacional democrática no reconocen como legítimos, por sus violaciones a los derechos humanos, la libertad y la democracia, entre otros delitos.

Exigir el fin de las sanciones a los Estados Unidos y los países que las han aplicado equivaldría a dejar a la comunidad internacional sin instrumentos de presión y sin alternativas a quienes se sientan a intentar negociar con el gobierno, reforzando aún más la posición dominante posición de quienes detentan el poder, y devolverles los recursos económicos tan necesarios para mantenerlo- y que hoy, como ayer cuando abundaban, no se invertirían en beneficio del país sino en mecanismos de clientelismo político para comprar lealtades e intentar ganar las elecciones de 2024, alejándolos de la necesidad de llegar a los acuerdos políticos que les han exigido en las mesas de negociación de Oslo, Barbados y México, y que se traduciría en una apertura democrática que demostraría su control hegemónico sobre el poder

La sostenibilidad de un gobierno autoritario depende casi siempre del compromiso y lealtad de algunos actores individuales e institucionales. Pero tal compromiso y lealtad, especialmente en el caso de un régimen autoritario, suele requerir incentivos y recompensas que casi siempre se traducen en una distribución clientelar de beneficios, recursos y poder. El objetivo de las sanciones es reducir los recursos de quienes gobiernan para reducir su capacidad de recompensar el compromiso y la lealtad de quienes los mantienen en el poder.

La realidad es que a pesar de que algunos afirman que las sanciones han sido inútiles, otros creen que sin sanciones ni presiones internas el gobierno nunca se hubiera sentado a negociar en República Dominicana, Oslo, Barbados o México. Y si algún día vuelven a negociar, será en gran medida porque se sienten presiones (sanciones) internas y externas, como lo demuestra el hecho de que cada vez que el gobierno se sienta con la oposición, Estados Unidos o cualquier otro actor internacional, lo primero que pide es que se retiren las sanciones. Si desaparecieran las sanciones, con ellas desaparecerían los incentivos del gobierno para negociar un acuerdo que permitiera la redemocratización del país.

En todo caso, si bien es cierto que las exigencias del gobierno de cese de sanciones es la mejor prueba de que duelen y por tanto sirven para ejercer presión, también es cierto que el objetivo de llegar a un acuerdo que permita la redemocratización del país es no lo ha conseguido, pero nadie podía esperar que fuera fácil, sobre todo si tenemos en cuenta que democratizar el gobierno es perder poder, por lo que, de momento, ha preferido mantener las sanciones y el poder.

Y por eso el gobierno ha renunciado hoy a seguir exigiendo el cese de las sanciones en la mesa de negociación facilitada por el Reino de Noruega, porque eso, lejos de acercarlas al objetivo de su levantamiento, pretende reforzar la posición de sus homólogos y la comunidad internacional democrática comunitaria, y ha optado por levantarse de la mesa para intentar demostrar que puede seguir manteniendo el poder, a pesar de las sanciones, y gracias a la experiencia y ayuda de socios autocráticos como Rusia, China y Irán, y a la diversificación de las fuentes de financiación, cuyo origen es menos transparente.

Asimismo, el gobierno ha logrado sumar otras voces con mayor legitimidad a su estrategia contra las sanciones, como es el caso de algunos empresarios, Organizaciones No Gubernamentales, voceros de la sociedad civil e incluso actores políticos de oposición, como es el caso de algunos de los gobernadores y alcaldes recién elegidos. En algunos casos, estos actores se unen al coro en contra de las sanciones por presiones directas del gobierno, mientras que otros lo hacen porque sufren los efectos de las sanciones directa o indirectamente. Es así como “por las sanciones” el gobierno condiciona la transferencia de recursos a las regiones a la buena conducta de los gobernadores, quienes deben abstenerse de oponerse, así mismo “por las sanciones” el diésel desaparece de las estaciones de servicio y el abastecimiento es a través de un mercado negro que parece no tener más justificación que el enriquecimiento de determinados actores que tienen acceso a fuentes directas de suministro, además de servir para sumar nuevas voces de protesta contra las sanciones.

Por eso los países que siguen aplicando sanciones, y principalmente Estados Unidos, discuten hoy el rediseño del esquema de sanciones para evitar que el gobierno, con la ayuda de sus aliados internacionales, siga evadiendo o trasladando el peso de estas medidas a la población, o a determinados actores políticos, económicos o sociales. En ese sentido, es previsible que veamos desaparecer algunas sanciones que hoy tal vez ya no sirvan como instrumentos de presión contra el gobierno de Maduro y las élites que lo apoyan, y otras que podrían implementarse con un efecto más directo sobre el gobierno y sus partidarios individuales e institucionales.

Aunque algunos apuestan a que la política de la administración Biden hacia Venezuela podría cambiar luego de las elecciones intermedias a realizarse el 8 de noviembre de 2022, en las que se elige a 34 representantes de los 100 estados presentes en el Senado de Estados Unidos, la realidad es que un cambio de política en el que se levanten las sanciones contra el gobierno de Maduro antes de que se celebren nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, cuyos términos son considerados aceptables por la comunidad internacional, parece poco probable.

Benigno Alarco, Director de Politika UCAB

Extriado de Politika UCAB

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