El dilema de España en el Sáhara.

Hugh Lovatt

La decisión española de apoyar las posiciones de Rabat en el Sáhara Occidental parece motivada más por su voluntad de restablecer los lazos con Marruecos que por contribuir al avance de la paz, cambiando una cosa por otra. Sin embargo, los dos objetivos no tienen por qué ser mutuamente excluyentes.

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En su intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado su determinación de pasar «de las palabras a los hechos» para poner fin a los 46 años de conflicto entre el pueblo saharaui –representado por el Frente Polisario– y Marruecos por el Sáhara Occidental. Al respaldar el plan de autonomía de Marruecos para el territorio, el gobierno español argumenta que está ayudando a dar un gran impulso a los esfuerzos de mediación de las Naciones Unidas liderados por Staffan de Mistura. En realidad, lo que harán los movimientos de Madrid es entrar a formar parte de los retos del enviado de la ONU, alejando las perspectivas de paz.

Albares afirma que la decisión de España no supone realmente un cambio de política respecto al conflicto, alejándose de las posiciones de gobiernos anteriores. Tampoco difiere, en sus palabras, de las posiciones de otros estados europeos como Francia y Alemania. En este sentido, sólo tiene razón a medias.

Al igual que sus colegas en otras capitales europeas, los funcionarios españoles han tratado regularmente la propuesta de autonomía de Rabat -que daría al Sáhara algunos poderes transferidos bajo la soberanía marroquí- como el principal punto de referencia internacional. París ha descrito durante mucho tiempo el plan como «una base seria y creíble para las discusiones». En un esfuerzo por reparar sus propios lazos tensos con Rabat, Berlín también se dirigió en esta dirección en diciembre pasado, calificándolo como una «contribución importante». Pero al promover el plan de Marruecos como la base «más seria, creíble y realista» para la resolución del conflicto, Madrid ha ido más allá que otras capitales, convirtiéndose en la más acérrima defensora de las posiciones marroquíes en Europa.

En un mundo de diplomacia internacional donde cada palabra cuenta, este superlativo adicional tiene una gran importancia en el contexto de las conversaciones de paz lideradas por la ONU en las últimas décadas. Desde que se presentó en 2007, Rabat ha apostado fuerte por su iniciativa autonómica, convirtiéndose en el único punto de referencia para las negociaciones, dejando de lado los sucesivos planes presentados por enviados de la ONU desde 1991, así como una contraoferta desde 2007 por parte de los Frente independentista Frente Polisario. Aunque Washington y París respaldaron relativamente rápido el plan marroquí, se ha necesitado una campaña de presión concertada para lograr que Berlín y Madrid cambien de posición.

Los funcionarios marroquíes han hablado abiertamente sobre el uso de la inmigración para presionar a España para que adopte las posiciones de Rabat. Han sido igualmente francos en cuanto a que una condición previa para normalizar las relaciones con Madrid, que se rompió cuando España acogió al líder del Polisario Brahim Gali para recibir tratamiento médico, era que tomaran represalias apoyando a Alemania. Sin embargo, es poco probable que Marruecos se detenga aquí, ya que su objetivo principal sigue siendo obtener el reconocimiento europeo de sus reclamos de soberanía sobre el Sáhara Occidental, como lo hizo Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

En defensa de su decisión, el Gobierno español ha argumentado que su apoyo a la autonomía del Sáhara Occidental complementa los esfuerzos liderados por la ONU para avanzar en una «solución mutuamente acordada en el marco de Naciones Unidas» que permita la autodeterminación saharaui. En la práctica, sin embargo, es un círculo que no se puede cuadrar, y España, en cambio, ha ampliado la distancia entre las dos partes.

El Polisario, en su calidad de representante internacionalmente reconocido del pueblo del Sáhara Occidental, ha rechazado reiteradamente la opción de la autonomía bajo control marroquí. En cambio, exige una independencia absoluta. Albares pasó por alto este hecho en sus intercambios con los diputados y no ofreció idea de cómo se podría convencer al Polisario de lo contrario. También ignoró una de las razones clave del fracaso de las negociaciones anteriores, que es la continua obstrucción de Marruecos a los esfuerzos de la ONU para organizar un referéndum que permitiría a los saharauis decidir su propio futuro. Albares parece preferir que de Mistura resuelva estos dos asuntos, una tarea ardua incluso para un diplomático tan veterano, que ahora también estará en una posición más débil en las conversaciones con Rabat.

Al respaldar con tanta firmeza las posiciones marroquíes, sin duda España ha endurecido aún más las posiciones negociadoras de Rabat. Con la casi certeza de que el mundo se está alineando detrás de sus demandas, el gobierno marroquí parece tener pocas razones para hacer concesiones al Polisario cuando se trata de las modalidades del referéndum o la sustancia de un futuro plan de estatus final. En efecto, Madrid ha premiado la oferta de Rabat de «tómalo o déjalo»: o el Polisario acepta sus condiciones -lo que sería una victoria absoluta para Marruecos- o no consigue nada, salvo más exilio en los campos de refugiados de Tinduf. La decisión del Polisario de volver a la guerra el año pasado indica que, lejos de darse por vencido, ahora ve la escalada militar como el único medio para fortalecer su posición negociadora.

En este contexto, la medida de España supondrá un retroceso en los esfuerzos por restaurar un horizonte político que pueda desescalar la violencia en el Sáhara Occidental y conducir a la reanudación de las conversaciones, suspendidas desde 2019. Al centrarse en el plan de autonomía de Marruecos como base para una solución de futuro Madrid también está vendiendo una falsa ilusión. Además de ser un fracaso para el Polisario, tal acuerdo correría el riesgo de aumentar los niveles de violencia, especialmente en ausencia de garantías sólidas para garantizar el respeto de los derechos saharauis y el autogobierno. Esto se produce a expensas de esfuerzos más serios para desarrollar una «tercera vía» realista entre la independencia absoluta y la integración en Marruecos, explorando, por ejemplo, el concepto de libre asociación.

En realidad, la decisión de España estuvo motivada por su deseo de restablecer los lazos con Marruecos, no por avanzar en la paz en el Sáhara Occidental. En este sentido, una cosa ha cambiado por la otra. Sin embargo, estos dos objetivos no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. En lugar de sucumbir a la presión marroquí, España podría aprovechar mejor los beneficios financieros y económicos muy reales que ella y sus socios en la Unión Europea ofrecen a Marruecos en un momento en que la economía marroquí está en problemas, en un contexto de aumento del costo de vida.

Una posición más sólida y segura frente a Marruecos pondría a España en mejores condiciones para defender sus intereses fundamentales -esto es, el control de la migración y la salvaguarda de sus ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla-, al mismo tiempo que ayudaría abrir un espacio para avanzar con un proceso de paz creíble. Esta sería la mejor manera de apoyar el trabajo de De Mistura. Un punto de partida sería dejar de luchar junto a Marruecos en el Tribunal de Justicia de la UE para mantener el Sáhara Occidental dentro de los acuerdos comerciales y pesqueros de la Unión con Marruecos, lo que contraviene el Derecho Internacional y las posiciones jurídicas de la UE. En última instancia, igualar la política de poder de Marruecos beneficiaría tanto a los españoles como a los saharauis, al tiempo que sentaría las bases para una relación más equilibrada y sostenible con Rabat.

Publicado en Politica Exterior.