Los desafíos de la nueva izquierda latinoamericana

Ramon Jaurengi

Los gobiernos progresistas del continente, dentro de sus particularidades, enfrentan desafíos similares como la recomposición del contrato social y el aporte a la transición democrática en Venezuela y Nicaragua, entre otros temas.

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Un nuevo ciclo de izquierda política ha comenzado en América Latina. Junto al triunfo de Gabriel Boric en Chile, que dio continuidad a Perú y Bolivia, este año pueden sumarse Colombia y Brasil. Salvo Ecuador, todo el sur del continente puede estar en manos de la izquierda política. Cada uno a su manera de ser dejado.

Juzgar bajo una misma bandera ideológica expresiones políticas tan diferentes como el peronismo argentino y el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva puede conducir a errores de diagnóstico en la estrategia de cada uno de los partidos en sus respectivos estados. Lo mismo sucede cuando generalizamos América Latina, olvidando que cada país es diferente. Como suele decirse en México, es imposible entender un solo México. Pero existen algunas convergencias ideológicas para la región en su conjunto que pueden producir beneficios para los pueblos de estas naciones. Ya veremos.

El primero es la apuesta por una mayor integración regional en un subcontinente en el que casi todas las experiencias anteriores han fracasado. No es un secreto decir que América Latina está más dividida que nunca y que las fracturas políticas surgidas en la última década siguen muy presentes. Basta recordar la creación del grupo de Lima en la estrategia de presión contra Nicolás Maduro (Venezuela) y la división de votos dentro de la Organización de Estados Americanos. Las divisiones afectaron tan gravemente a la CELAC que tuvo que suspender las cumbres con la Unión Europea en 2016 y así seguimos hasta el presente, poniendo en serio peligro la alianza birregional nacida en Río hace 20 años. Para colmo, Brasil salió de la CELAC hace dos años.

Otras alianzas regionales, el Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México), Unasur, Mercosur, etc., no han avanzado en la integración de sus mercados internos. Esta es una de las graves consecuencias de las fracturas nacionales en América Latina. Su nivel de intercambio comercial no supera el 15%, mientras que un mercado único integrado, como el que disfruta la Unión Europea, permite a sus países alcanzar cifras superiores al 50% del comercio interior.

Pues bien, el acercamiento ideológico de los nuevos gobiernos en América del Sur podría permitir abordar con más realismo y menos tensiones nacionales su integración regional y así dar pasos a favor de la armonización de sus ordenamientos jurídicos para hacer posible la libre competencia de sus servicios, atraer inversiones y desarrollar grandes infraestructuras físicas y tecnológicas comunes.

Este es el camino de la modernización y el progreso de estos países. Las sinergias que pueden producirse, las formidables ventajas del ósmosis de buenas prácticas y políticas exitosas entre Estados y el abordaje conjunto de proyectos transnacionales, aconsejan avanzar sin complejos en esta materia. Atrás quedaron los llamados retóricos a la soberanía nacional y el proteccionismo anacrónico y comparativo.

En este mismo nivel, cabe señalar la conveniencia de que tres gobiernos con etiqueta progresista, México, Brasil y Argentina, puedan coordinar sus estrategias en el G20 y en los organismos financieros internacionales para fortalecer sus demandas en los dos temas más urgentes del momento: la distribución de vacunas (incluida la liberación de patentes) y la ayuda financiera internacional que la mayoría de los países latinoamericanos necesitan en este momento.

En segundo lugar, los gobiernos modernos de izquierda tienen que afrontar la recomposición del contrato social en esos países. Cada uno con sus características y circunstancias. En Chile, Colombia, Perú y Brasil hay diferentes problemas y demandas, pero en todos ellos sus democracias y sus instituciones demandan un esfuerzo por consolidar los pilares del bienestar: salud, educación y protección social. Son servicios públicos con enormes carencias en sus prestaciones, como ha quedado patente durante la pandemia. La izquierda real, no la de retórica revolucionaria, tiene que fortalecer el Estado y sus niveles de protección social, y eso empieza por apostarle al crecimiento de la economía y al aumento de la recaudación de impuestos, lo que a su vez requiere combatir la informalidad en la economía y hacer eficiente el aparato recaudatorio (la agenda tributaria, si se quiere llamar así).

En la primera década de este siglo, muchas de las políticas de izquierda fueron redistributivas sobre la base de ingresos especiales de una economía extractiva, favorecida por los altos precios de las materias primas. Hoy, la izquierda moderna combate la desigualdad también desde políticas predistributivas: salarios mínimos, educación universal, formación profesional, movilidad, lucha contra la brecha digital, etc. Eso es lo que estamos escuchando en Chile y nos permite albergar esperanzas socialdemócratas en esta nueva etapa. La revolución pendiente en gran parte de los países de América Latina es la revolución socialdemócrata, que con base en la libertad y la democracia construya Estados de Derecho fuertes, incremente año tras año la recaudación de impuestos y construya seguridad y protección social en la educación pública robusta, servicios de salud y pensiones. Esa es la única manera de restablecer y renovar el contrato social entre los ciudadanos y sus instituciones, y esa es la manera de empezar a recuperar la confianza en los partidos políticos, no lo olviden, fundamental en el sistema democrático.

Hay una tercera causa que también preocupa a la izquierda latinoamericana y es su aporte a la transición democrática de Venezuela y Nicaragua. Es la izquierda democrática la que tiene que liderar la denuncia contra la izquierda totalitaria. No hay socialismo posible sin libertad. La democracia no es una herramienta que se pueda descuidar en aras de la justicia social, porque no hay justicia sin libertad. La democracia no es forma, es sustancia.

Para ser consecuentes con estos principios y porque la connotación negativa de estos modelos daña su imagen y expectativas políticas, los gobiernos de izquierda deben armar la presión política adecuada sobre estos regímenes, para que ambos procesos de negociación abran paso a las necesarias transiciones democráticas, es decir, elecciones libres, con plena igualdad, en las que el pueblo elija presidente, gobierno y cámaras legislativas con pleno respeto a sus respectivas constituciones. 

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