El expresidente hondureño de extrema derecha, cuyo mandato expiró el 27 de enero después de ocho años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York en vínculos con el narcotráfico. La justicia hondureña debe examinar la solicitud de extradición, pero Hernández, como diputado del Parlacen, goza de inmunidad judicial.
Estados Unidos solicitó este jueves a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien está acusado de narcotráfico, mientras que las autoridades solicitaron su detención provisional para iniciar el proceso.
La información se conoció poco después de que la Cancillería hondureña informara en su cuenta de Twitter que había enviado un «comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos» a la Corte Suprema, solicitando formalmente la detención provisional de «un político hondureño», no mencionado, con el propósito de extradición a los Estados Unidos.
Según las mismas fuentes, Hernández se encuentra en territorio hondureño. La noche de este lunes, en su residencia de la colonia San Ignacio de la capital Tegucigalpa, se observó un fuerte dispositivo de seguridad.
En tanto, el canal de noticias CNN mostró el documento en el que la Cancillería de Honduras hace a la Corte Suprema de Justicia la “solicitud formal de arresto provisional con fines de extradición a los Estados Unidos de América de Juan Orlando Hernández Alvarado, alias JOH”.
El abogado de Hernández, Hermes Ramírez, denunció en el noticiero TN5 que su defendido estaba siendo objeto de “ataques” ya que su domicilio estaba rodeado por un cordón policial, que impedía el acceso a sus asesores y al Comisionado de Derechos Humanos estatal.
Explicó que no ha sido notificado de la orden de aprehensión, ni «se ha designado un juez natural» para llevar a cabo el proceso de extradición, como es habitual en este tipo de casos, dijo.
Según la Agence France Presse, el Tribunal Supremo citó de urgencia a los magistrados para el martes para «el nombramiento del juez natural» que se hará cargo del caso.
«Actos corruptos»
El 7 de febrero, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, había declarado que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en la lista de personas acusadas de corrupción o atentar contra la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.
“Estados Unidos está impulsando la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por actos de corrupción”, detalló Blinken. «Nadie está por encima de la ley», subrayó.
Hernández, quien dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York en vínculos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado “Tony” Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por el mismo delito.
En un comunicado, Blinken señaló que «según múltiples informes creíbles de los medios», Hernández «se ha involucrado en una corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y tráfico de drogas, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas».
«Además, Hernández fue identificado por su nombre en el testimonio de un testigo bajo declaración jurada en un proceso penal federal de Estados Unidos por haber recibido ganancias del narcotráfico como parte de la financiación de su campaña», agregó.
Fiscales estadounidenses se han referido al exgobernante como «co-conspirador», aunque no existía una acusación formal en su contra.
El expresidente Hernández niega todos los cargos y asegura que las acusaciones son una venganza impulsada por los mismos capos de la droga que su gobierno capturó o extraditó a Estados Unidos.
Argumentó que entre 2014 y 2021 se extraditaron 28 capos y otros 31 se entregaron a Estados Unidos, en tanto se decomisaron 41.240 kg de cocaína, entre otros logros de su lucha contra el narcotráfico.
Riesgo de vuelo
Tras entregar el poder a Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, Hernández se juramentó como diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen), beneficio al que tienen acceso todos los expresidentes de la región al dejar el cargo, lo que le otorga el derecho a la inmunidad y al enjuiciamiento.
Hernández “goza de protección como diputado del Parlamento Centroamericano”, dijo su abogado.
Poco antes de dejar el cargo, JOH, como es conocido por sus iniciales, viajó inesperadamente a Nicaragua para firmar un tratado de límites marítimos con el gobernante Daniel Ortega, situación que levantó sospechas sobre la posibilidad de utilizar ese territorio para escapar de la justicia.
“Hernández ha tenido reuniones con Ortega, que a su vez ya les dio refugio a dos expresidentes de El Salvador. Nicaragua no tiene tratado de extradición con Estados Unidos (…) Estando en Nicaragua, la justicia de Estados Unidos no lo va a atrapar”, dijo. Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
EFE
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